El sistema también mata.
Pero nunca lo podemos encarcelar.
Hace unos días, los titulares de los diarios, los minutos de radio y televisión, así como los portales web, destacaron en su comercio de noticias policiales, que en el pueblo Algorta una joven madre había asfixiado hasta causarle la muerte a su pequeño hijo de tres años.
En letra mucho más pequeña, lo medios informaron cual era la realidad de esa joven mujer. Desde los nueve años era abusada sexualmente por parte de su padrastro, quién la embarazó cuando ella tenía catorce y luego dieciocho. Como producto de esas violaciones, nacieron dos niñas mellizas que hoy tienen siete años, y posteriormente el pequeño niño de tres años de edad. Vivía con sus tres hijos en una vivienda precariamente construida con madera y nylon, dependiente económicamente del violador. En la actualidad, el hombre de cincuenta y cuatro años, padrastro de la joven y padre de las niñas mellizas, había comenzado a abusar sexualmente de ambas.
Como ya nos tiene acostumbradas este país, el impacto y conmoción dura hasta tanto surja un titular más sórdido o espectacular, tiempo durante el cual se vierten en cataratas opiniones implacables, absurdas, reflexivas, compasivas, dependiendo como casi todo, de con quién cruces palabras ese día.
En general ya no se habló más del asunto. El rápido procesamiento con prisión de la joven mujer por un delito de homicidio especialmente agravado, selló las conversaciones y nuevos titulares invadieron los medios. La conmoción en el pueblo Algorta, vaya a saber una cuánto dura en el tiempo, aunque es probable que sea menor a los doce años durante los cuales se extendió el abuso sexual constante sin que la comunidad lo detectara.
Ni entonces, ni ahora se reparó en un detalle que se reiteró en todos los medios de comunicación: hacía días que la mujer había radicado una denuncia contra su padrastro cuando el hombre comenzó a abusar sexualmente de las niñas, y ambos – denunciante y denunciado- estaban citados a declarar al Juzgado de Young el jueves 3 de julio a las 14.00 horas.
Las crónicas hacen referencia a ello, casi de manera anecdótica y utilizando expresiones tales como “esa instancia no llegó a cumplirse” o “no llegaron a declarar”, agregando que luego de efectuada la denuncia el acoso fue de tal magnitud que la mujer “se encontró en un callejón sin salida” cometiendo el homicidio en la mañana de aquel día.
Sin embargo para mí, no se trata de un mero detalle.
Hace ya mucho tiempo que los reclamos se centra en que el sistema de justicia nacional debe garantizar “una respuesta judicial idónea, inmediata, oportuna, exhaustiva, seria e imparcial, frente a actos de violencia contra las mujeres” (CIDH). No solo porque las organizaciones de mujeres y feministas y ciudadanía en general se lo exijan, sino porque es una obligación que el Estado Uruguayo asumió a nivel internacional y debe cumplir.
En éste caso el sistema de justicia tomó conocimiento de la situación, porque la misma había sido denunciada por la propia víctima. La respuesta fue citarla a ella y al denunciado para unos cuantos días después. No sin antes, hacer lo que jamás se debe hacer, que es precisamente poner en conocimiento al denunciado mediante indagatoria policial, que la víctima recurrió a solicitar ayuda.
Me pregunto y me respondo:
- ¿Qué indicadores tomó en cuenta el Juez para evaluar el riesgo de situación y concluir que podía dejar transcurrir algunos días sin intervenir?.
- Ninguno. Seguramente ni siquiera se procedió a evaluar el riesgo.
Es admisible que transcurran algunos días entre que se denuncia y se comparece judicialmente, siempre y cuando denuncie que no me abonaron un cheque, que la medianera que me separa del vecino invade mi propiedad, que me chocaron la moto en el estacionamiento del supermercado o que me robaron el reloj.
No es admisible, que transcurra más que los minutos que conlleva la denuncia policial y la puesta en conocimiento de la misma al Juez, sin que el sistema de justicia de respuesta ante la denuncia de haber sido violada desde los nueves años, tener tres hijos producto de esa violación, dos de las cuales hoy también son abusada por parte del mismo agresor.
Y ésta inadmisibilidad no es de corte moral ni ético, es de naturaleza jurídica. El sistema de justicia no está cumpliendo con su obligación, pues no brinda respuesta inmediata, oportuna, idónea ni exhaustiva.
Muchos días antes que ésta mujer asfixiara hasta darle muerte al niño, el sistema debió intervenir.
Ella, como las miles de mujeres que acuden al sistema a solicitar garantías a su vida y seguridad en el marco de situaciones de violencia y abuso intrafamiliar, quedó en una situación de aún mayor vulnerabilidad. Nunca debió el sistema dejarla sola frente al violador y sus amenazas, con la brutal diferencia que implicaba para ambos, que ella hubiera roto el silencio y denunciara los hechos que se consumaron durante más de una década. Se la dejo sola. Una vez más.
Con seguridad y mucho antes, ya la habían dejado sola. Cuando el sistema educativo es omiso en advertir las señales claras de abuso sexual en una niña de nueve años de edad, la deja sola. Cuando el sistema de salud atiende dos partos de una adolecente violada por su padrastro y no advierte el abuso, la deja sola. Cuando una familia y una comunidad silencia e invisibiliza lo evidente, también la deja sola.
Las mujeres conocen esa soledad y las múltiples formas de complicidad con el horror que asumen quienes las rodean.
Lo que las mujeres no conocen, es la capacidad del sistema de justicia de darles muerte mediante una condena. Igual que todos los titulares de los diarios, ella fue para la causa, aquella joven mujer de veintiún años que asfixió hasta darle muerte a su pequeño hijo de tres años. En esa calidad de madre homicida, provocó que el Juez se constituyera inmediatamente en su precario hogar, ordenara su detención y horas después la procesara por el delito de homicidio especialmente agravado.
Lo que ella no logró, fue que ese Juez, unos días antes y en ocasión de haberle denunciado su situación, la considerara una mujer en situación de vulneración de derechos humanos, y actuara con inmediatez e idoneidad para brindarle protección a ella y sus hijos.
Lo que ella no logró constituye un enorme fracaso colectivo para quienes desde las organizaciones de derechos humanos desarrollan estrategias de incidencia, de denuncia internacional, de movilizaciones y de litigios estratégicos, para lograr que el sistema de justicia responda como corresponde.
Con seguridad, éstas líneas no conmocionen a nadie. En éste país, esa sensación sólo la logran de manera pasajera los grandes titulares como los que se utilizaron para dar a conocer la noticia sobre que una joven madre fue encarcelada porque mató a su pequeño hijo.
Y yo, que ando convencida que el sistema mata, me lamento que no lo podamos encarcelar.
Marina Morelli Núñez
En general ya no se habló más del asunto. El rápido procesamiento con prisión de la joven mujer por un delito de homicidio especialmente agravado, selló las conversaciones y nuevos titulares invadieron los medios. La conmoción en el pueblo Algorta, vaya a saber una cuánto dura en el tiempo, aunque es probable que sea menor a los doce años durante los cuales se extendió el abuso sexual constante sin que la comunidad lo detectara.
No es admisible, que transcurra más que los minutos que conlleva la denuncia policial y la puesta en conocimiento de la misma al Juez, sin que el sistema de justicia de respuesta ante la denuncia de haber sido violada desde los nueves años, tener tres hijos producto de esa violación, dos de las cuales hoy también son abusada por parte del mismo agresor.
