Declaración Amnistía Internacional Despenalizar el aborto es urgente para el continente

AMNISTIA INTERNACIONAL
Declaración Pública 
28 de septiembre 2011
AMR 01/002/2011

Despenalizar el aborto es urgente para el continente

El día de hoy, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, los gobiernos del continente deben promover con urgencia planes concretos que aseguren el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas. 
Amnistía Internacional se une a la campaña regional por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe bajo el lema,  “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.  Restringir el acceso a los derechos sexuales y reproductivos pone en grave peligro los derechos humanos de mujeres y niñas.
Es vergonzoso que en una región donde la gran mayoría de países son Estados parte de la Convención de Belem do Pará (Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), cuando una mujer o niña queda embarazada a consecuencia de una violación el Estado la obligue a continuar con el embarazo.  Forzar a una mujer o niña violada a continuar con un embarazo, es cruel, inhumano y degradante.
Algunas mujeres y niñas, antes de enfrentarse a ser obligadas a seguir con un embarazo, intentan suicidarse. En ocasiones toman otras medidas desesperadas e intentan practicarse un aborto a sí mismas.  Es así como cientos de abortos ilegales e inseguros ocurren cada día, y mujeres y niñas sufren serias consecuencias, que incluso llegan a significar la pérdida de su vida.
En la región más desigual del mundo, estas medidas desesperadas afectan principalmente la vida de las mujeres y niñas que viven en la pobreza; ¿es que sus derechos humanos no merecen igual protección ante la ley?
Algunos lugares de América Latina y el Caribe han reconocido las graves violaciones de derechos humanos que resultan cuando el acceso al aborto seguro y legal se prohíbe o se restringe.   A pesar de estos avances, la triste realidad en la región es que todavía existen leyes que castigan  el aborto, y aunque en la mayoría de los países está permitido en ciertas circunstancias, con frecuencia esta legislación no se cumple en la práctica lo que conlleva graves consecuencias para mujeres y niñas.  Las guías para el personal médico son en la mayoría de los casos inexistentes, poco claras o no se distribuyen, lo que lleva a utilizar el sistema judicial innecesariamente dejando mujeres y niñas embarazadas sin la posibilidad de ejercer sus derechos. 
Los Estados además no dan prioridad a su propia legislación o a asegurar  educación y difusión de los derechos de las mujeres y niñas en materia de salud sexual y reproductiva. 

Miles de activistas de todo el mundo se encuentran el día de hoy expresando su indignación frente a estas injusticias y exigiendo “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.
Los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones internacionales y tomar medidas que garanticen el acceso de mujeres y niñas a sus derechos, despenalizando el aborto y promoviendo planes de educación sexual y acceso a servicios e información de planificación familiar para todos y todas, haciendo realidad que todas las  mujeres decidan de manera libre e informada sobre cuándo desean tener hijos e hijas y cuántos, sin coacción o discriminación.

Información adicional
Los Estados de la región tienen el deber y la obligación de respetar y promover los derechos  de las mujeres y niñas a la vida, a la integridad física; incluyendo protección contra todo tipo de violencia, a la salud, a la educación, a la información y a la no discriminación; conforme está establecido en los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, en especial la  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo Adicional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar a la Tortura. 
Los Estados de la región también tienen la responsabilidad principal de proteger, reconocer y respetar a quienes toman acción para hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres y niñas que se encuentran en la situación descrita anteriormente. Sus acciones son legítimas y en muchos casos fundamentales para quienes están apoyando. En este sentido, defensores y defensoras de derechos humanos deben gozar efectivamente de la posibilidad de hacer su trabajo sin temor a represalias, tal como lo afirma la Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos y se ha dicho repetidas veces en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
FIN/
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