Montevideo, 3 de abril de 2012
A la luz de la conmoción justificada que generó recientemente en todos el brutal asesinato homófobo de un joven gay en Chile, queremos llamar la atención de la opinión pública sobre dos crímenes igualmente lamentables ocurridos en nuestro país, que también tuvieron como víctimas a personas de la comunidad LGBT, pero que pasaron casi inadvertidos.
En la mañana del 10 de marzo la policía de Canelones encontró muerta en el Parque Roosevelt, con dos balazos en la nuca y el cráneo destrozado a Gabriela. Sus pertenencias y dinero estaban en lugar, por lo que claramente se trata de una ejecución. Gabriela tenía 37 años y, como la enorme mayoría de las mujeres trans en Uruguay, tenía como única salida laboral el trabajo sexual.
El diario El País –y todos los portales que replicaron la noticia- no solo dedicó unas mínimas cinco líneas a un crimen brutal, sino que calificó de “el travesti” y utilizó un nombre masculino para referirse a una persona que claramente tenía una identidad de género femenina, en un país que reconoce por ley el derecho de las personas a ser reconocidas públicamente por la identidad de género y el sexo que sienten como propios.
El 11 de marzo, el informativo central de canal 10 volvía a referirse repetidamente a Gabriela en masculino y como “el hombre” y agregaba que la policía estaba contactando a “otros travestis”. Como si tanta falta de respeto y de mínima sensibilidad no fuera suficiente, se cerraba el informe sin el nombre de la víctima ni de sus familiares, pero sí con el comentario totalmente irrelevante y tendencioso de que en la zona donde se encontró el cuerpo “había gran cantidad de envases de preservativos”, con primeros planos de los envases.
Unas semanas antes “la Brasilera” fue asesinada de cinco balazos en la misma zona que Gabriela. Llegó con vida hasta a un hospital donde luego falleció. Antes de morir llegó a hablar con la policía. Ambos crímenes permanecen impunes.
Nos preguntamos por qué, en un país donde las noticias policiales ocupan enormes espacios de la televisión y la prensa, en estos casos nadie se molestó por preguntar y comunicar el nombre de las víctimas, contactar a sus familiares o amigos, buscar posibles causas del asesinato, ni siquiera en respetar su identidad de género.
¿Es que una persona trans “no califica” en Uruguay como un ser humano cuyo nombre propio merecemos saber y cuyo asesinato debe aclararse rápidamente? ¿Qué lleva a la prensa a dedicar abundantes líneas y minutos con informes detallados sobre los crímenes que toman la vida una persona en Uruguay, salvo cuando esta persona resulta ser una mujer, trans, pobre y que ejerce el comercio sexual? ¿Por qué como público toleramos esta diferencia injustificada y denigrante, tanto para la víctima como para quienes comparten su identidad y situación social?
En Uruguay, las personas trans sufren regularmente el acoso y la violencia física de diversas personas y grupos, incluido el Estado a través de sus servicios de salud, su fuerza policial y su sistema de protección social.
Exhortamos a la sociedad uruguaya a no tolerar más esta situación, a exigir respeto por la dignidad humana de Gabriela, de “la Brasilera” y todas las personas sin distinciones, y a exigir el pronto esclarecimiento de estos asesinatos.
Colectivo Ovejas Negras
