DECLARACIÓN PÚBLICA DE LA INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO
8 DE MARZO DE 2013
DÌA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Ante una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Institución
Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo celebra los avances que se han
procesado en los derechos de las mujeres en nuestro país. Del mismo modo, recuerda las
deudas que el Uruguay aún tiene como sociedad.
En ese marco, la Institución, en cumplimiento de sus cometidos, considera prioritario que
el estado uruguayo continué impulsando acciones tendientes a la promoción, protección y
pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Se destaca la necesidad de
avanzar en aquellos temas que presentan mayores rezagos, particularmente en:
1. La violencia hacia las mujeres en el ámbito doméstico, laboral,
institucional y público.
a) El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer observa y
alienta al estado uruguayo “... a que estudie los efectos y la eficacia de sus
mecanismos para hacer frente a la violencia en el hogar…” Entre estas medidas,
es necesario fortalecer y mejorar la respuesta brindada por el sistema judicial,
policial, educativo y de salud para modificar prácticas institucionales que
invisibilizan la problemática y eliminar aquellas que revictimizan a las mujeres.
Asimismo es imprescindible lograr una cobertura nacional de albergues y de
servicios de atención integral para mujeres en situación de violencia. Se deben
superar estas carencias y debilidades a efectos de revertir el importante número de
mujeres muertas por violencia doméstica.
b) Es necesario mejorar la formación y capacitación de los profesionales para el
abordaje y la aplicación de la Ley sobre acoso sexual laboral y estudiantil.
c) Se requiere la modificación del actual Código Penal eliminando los estereotipos
de género y las disposiciones penales que discriminan a las mujeres al conservar
conceptos como el pudor, la honestidad y el escándalo público en la tipificación
de los delitos sexuales.
d) En relación a la trata de mujeres y niñas se recuerda la recomendación formulada
por el mencionado Comité para que el estado uruguayo “... lleve a cabo campañas
de concientización a nivel nacional dirigidas a las mujeres y las niñas sobre los
riesgos y las consecuencias de la trata y capacite a los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley, de migración y de fronteras sobre las causas, las
consecuencias y la incidencia de la trata de mujeres y niñas”.e) La persistencia de todas estas formas de violencia hace necesario evaluar
reformas legislativas tendientes a la aprobación de una ley integral de violencia
basada en género.
2. La participación de las mujeres en la vida política y pública.
Las mujeres están subrepresentadas en los órganos de decisión de los partidos
políticos, en el Parlamento, en los cargos de decisión del Poder Ejecutivo y del
Poder Judicial. Se debe lograr una aplicación efectiva de la Ley 18.476 sobre la
participación de hombres y mujeres en los órganos electivos nacionales y
departamentales y de dirección de los partidos políticos, así como realizar una
exhaustiva evaluación de su cumplimiento y del impacto generado para alcanzar
la igualdad en la participación política de las mujeres.
3. Las mujeres en el mercado de trabajo.
a) Pese al alto nivel educativo de las mujeres uruguayas, persiste la segregación
laboral y la brecha salarial, esta última fundamentalmente en el sector privado,
que atenta contra el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor.
Las mujeres uruguayas siguen sujetas a tasas más elevadas de subempleo y
desempleo, indicando que persisten pautas de discriminación. Es necesario
continuar con la promoción de cláusulas de género en los convenios colectivos y
profundizar las campañas educativas que promuevan cambios de actitudes y
percepciones, tanto de las mujeres como de los hombres, en lo referente a sus
respectivos papeles en el hogar, la familia, el trabajo y la sociedad en su conjunto.
b) Se hace necesario avanzar un sistema nacional de cuidados, que constituye un
componente fundamental de la matriz de protección y de bienestar social. En la
medida que no se fortalezca un sistema que apoye a las familias en las tareas de
cuidados y que favorezca una corresponsabilidad entre el estado y las familias; y
entre hombres y mujeres, no será posible revertir las desigualdades entre mujeres
y hombres en los diversos ámbitos.
4. Salud sexual y reproductiva.
Se debe fortalecer los mecanismos necesarios para el cumplimiento cabal de la
legislación vigente, en particular la capacitación y formación del personal de
salud y la realización de campañas educativas.
Uruguay ha avanzado mucho en lo que hace a los derechos de las mujeres, pero aún
restan importantes desafíos para alcanzar la igualdad y por ende una sociedad más
inclusiva, más justa, más democrática. La Institución Nacional de Derechos Humanos y
Defensoría del Pueblo se compromete a trabajar por este objetivo.
