Comunicado de Prensa
Ante la aprobación de la Ley de atención sanitaria de adictos en situación de riesgo
El pasado 23 de diciembre el Senado de la República aprobó la “Ley de atención sanitaria de adictos en situación de riesgo”, el eufemismo que los legisladores frenteamplistas eligieron para el proyecto de internación compulsiva de usuarios de sustancias psicoactivas enviado por el Poder Ejecutivo el 27 de junio de 2012. Rechazamos enfáticamente y en su totalidad esta nueva iniciativa por su carácter inconstitucional y violatorio de principios básicos de derechos Con la aprobación de esta ley se continúa contribuyendo a fortalecer la ideología de la defensa social, que presupone proteger a la sociedad de los “peligrosos”, en este caso consumidores de sustancias psicoactivas, aplicando mecanismos por afuera del ámbito penal, pero que también persiguen la neutralización de la persona, a través, de su segregación o separación. Las políticas a nivel internacional y regional con respecto a este tema están diseñadas en sentido contrario; las mismas se orientan a disminuir y abolir la utilización de prácticas de privación de libertad para estos casos y otros.
Esta nueva iniciativa se transformará en otro mecanismo más de producción de materialidades, cuerpos y discursos, que continúan castigando a los sectores de la población de nivel socioeconómico bajo y muy bajo. Y en particular a los jóvenes y adolescentes que solamente buscan legitimidad en el espacio público. En este sentido, la penalización del consumo de drogas ilegales está significativamente relacionado con una política penal selectiva, y por ende, a la política de Estado que está detrás. A partir de ellas se definen las drogas legales e ilegales y, en consecuencia, los tipos de individuos que se quiere reprimir, separar y encarcelar.
Entendemos que el mecanismo que se le ofrezca a aquellas personas con consumo problemático, debe ser pensado desde una Política de Salud Integral, donde el tratamiento ambulatorio, la reducción de daños y el trabajo vincular –entre otras cosas- sean ejes constitutivos de la respuesta.
Es altamente irresponsable haber promovido esta ley, puesto que construye incorrectamente un estado general a partir de situaciones particulares, además de obturar respuestas a familias y personas que las precisan.
Esta iniciativa es totalmente incompatible con la ampliación de derechos que se ha venido conquistado en el correr de este año. De aprobarse esta ley en la Cámara de Representantes, retrocederíamos en la visión integral del camino iniciado, volviendo a instalar prácticas del peor higienismo decimonónico, propio de los valores más conservadores y excluyentes.
Por los motivos expuestos esperamos que los representantes nacionales no voten esta ley; que reflexionen y busquen otras respuestas posibles y necesarias, más eficientes, integrales y respetuosas de los derechos humanos.
Instituto de Estudios Legales y Sociales
Servicio Paz y Justicia-Uruguay
