Convocatoria a organizaciones

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POSICIÓN DE REDES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE EL ACCESO IGUALITARIO AL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO

DOCUMENTO DE POSICIÓN DE REDES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE EL ACCESO IGUALITARIO AL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO

MONTEVIDEO, URUGUAY, AGOSTO 2013

Con motivo de la revisión de los compromisos adquiridos hace 20 años en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en Cairo (CIPD), y con miras a la construcción de una nueva agenda de desarrollo que represente el mundo en el que todas y todos queremos vivir, las organizaciones y redes firmantes de esta declaración llamamos a los Estados reunidos en Montevideo en el marco de la I Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe a tomar una postura dirigida a garantizar y respetar los derechos humanos de todas las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres a tener acceso a servicios de aborto legal, seguro, gratuito y de calidad sin discriminación, coerción o violencia.

Si bien reconocemos y hacemos nuestros los avances sustantivos que se han logrado a lo largo de estos 20 años de implementación del Programa de Acción de la CIPD, incluido el reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos como derechos humanos, la inclusión de los mismos en marcos normativos nacional, regionales e internacionales y la creación de políticas públicas que permiten un mejor acceso a la salud sexual y reproductiva en la región, aún hay muchas brechas que vencer. Además, los Estados de la región tienen compromisos y recomendaciones que honrar derivados de las Conferencias, tratados y mecanismos internacionales de derechos humanos en la materia.

Entre los grandes pendientes consideramos que son dos los temas que ameritan una atención prioritaria. Por un lado, la despenalización del aborto que garantice el acceso igualitario a servicios de aborto legal, seguro y gratuito acompañados de una política pública que garantice su implementación eficaz y de calidad para todas las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. Y por otro lado la instauración de Estados laicos que garanticen el actuar del mismo sin ninguna interferencia de posturas religiosas e ideológicas que afecten los derechos humanos de las mujeres. Estos pendientes son tan urgentes que ya no pueden esperar más, por las siguientes razones:

• Latino América y el Caribe sigue siendo la región con mayor criminalización del aborto en el mundo, existiendo aún 7 países (Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haiti, Surinam y República Dominicana) que mantienen leyes que prohíben de manera absoluta el acceso a servicios de aborto.
• Como resultado, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres viven serias y graves v violaciones a sus derechos humanos al ser víctimas de violencia institucional, en el sentido que:

·        Son obligadas a continuar con embarazos no deseados, incluso en casos cuando éste es resultado de violación, o que pone en riesgo su salud y su vida, resultando en la comisión de actos de tortura, como ya ha sido señalado por organismos internacionales de derechos humanos.

·        Como resultado de la denegación del aborto han visto afectada severamente su salud física, mental y emocional o han muerto. Estos han sido los casos, por ejemplo, de Esperancita en República Dominicana o de Beatriz en El Salvador. La diferencia entre estos casos es que Esperancita murió tras no recibir ningún tipo de atención, mientras que Beatriz vive con secuelas físicas y emocionales, tras recibir atención tardía solamente después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara medidas provisionales a El Salvador para garantizar el tratamiento médico adecuado para salvar su vida, después que el Estado se negara a cumplir en dos ocasiones con las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

·        En otros casos la ilegalidad las ha orillado a buscar servicios inseguros que también han puesto en riesgo su vida y su integridad personal. En América Latina y el Caribe aproximadamente 11% de las muertes maternas son consecuencia de abortos inseguros y más de un millón de mujeres y niñas son hospitalizadas cada año para recibir tratamiento por complicaciones de aborto inseguro.

·        Algunas de las adolescentes, jóvenes y mujeres han sido estigmatizadas, criminalizadas y muchas han perdido su libertad. Tales son los casos documentados en El Salvador, Brasil y México, donde han sido denunciadas por prestadores de servicio quienes las han atendido ya sea por complicaciones de abortos inseguros, por simples abortos espontáneos, complicaciones de partos prematuros o emergencias obstétricas. Tras enfrentarse a un sistema de justicia represor y discriminatorio, que ha violado su presunción de inocencia, en algunos casos, se les ha impuesto penas mayores que van de los 20 a los 40 años de prisión, al ser acusadas por el delito de “homicidio calificado” (agravado) y “homicidio en razón de parentesco”. Este es el caso, por dar un ejemplo, de Teresita en el Salvador, quien actualmente se encuentra presa al recibir una sentencia de 40 años de prisión  por el delito de homicidio agravado, a pesar que lo que le sucedió fue una emergencia obstétrica.

·        Dicha criminalización disuade a las adolescentes, jóvenes y mujeres de recurrir a los servicios de salud cuando lo requieren poniendo nuevamente en riesgo su salud y su vida.

En aquellos países donde el aborto está permitido en ciertas circunstancias, siguen existiendo graves problemas de implementación de los servicios, ya sea por la falta de lineamientos claros para su aplicación, por falta de presupuestos destinados a estos servicios, por obstáculos normativos o de facto- algunos propiciados por la intervención de grupos fundamentalistas que están en contra del aborto-, o por la falta de acceso a información fidedigna, de calidad y basada en criterios científicos. Como consecuencia las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres se han visto impedidas de acceder a los servicios de aborto seguro, gratuito y de calidad.

La penalización del aborto afecta especialmente a mujeres jóvenes, pobres y que viven en condiciones de vulnerabilidad, pues son quienes cuando interrumpen sus embarazos lo hacen bajo condiciones  de alto riesgo, siendo por tanto un tema de injusticia social y con profundas raíces en la discriminación por razones económicas, étnicas, de raza, de clase, de condición migratoria, entre otras.
Reconocemos que ha habido grandes avances en algunos países de la región, que han logrado despenalizar el aborto (Uruguay y el D.F. en México)  o han ampliado el número de causales para acceder a él (Colombia). Sin embrago, también reconocemos que el riesgo de retroceso sigue presente y que las reacciones de sectores fundamentalistas se han exacerbado.

Las estrategias por obstruir el derecho de las adolescentes, jóvenes y mujeres a tomar las decisiones que afectan su vida privada y a tomar control sobre su propio cuerpo son cada vez más feroces, agresivas y amplias, logrando ocupar espacios que podrían impedir que se avance en el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres o que se retroceda en aquellos espacios que ya se han ganado gracias al esfuerzo de muchas voluntades, tanto de gobiernos progresistas como de las organizaciones feministas y defensoras de los derechos de las mujeres.
En este sentido también es de preocupación que las defensoras de derechos humanos que defienden el derecho al aborto,  los derechos sexuales y los derechos reproductivos y sus organizaciones son cada vez más estigmatizadas, amenazadas, atacadas o criminalizadas. Ejercer el derecho a defender los derechos sexuales y los derechos reproductivos y abogar por el derecho a decidir de todas las personas, hoy en día es un gran riesgo.

Así, a 20 años de espera necesitamos una respuesta contundente, sin titubeos ni medios acuerdos por parte de los Estados, que atienda y dé respuesta a las realidades que enfrentan las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres todos los días en nuestra región, por el simple hecho de vivir el proceso biológico del embarazo. YA BASTA de esperar 20 años más para que las niñas, adolescentes, jóvenes y las mujeres puedan decidir sobre sus vidas, empezando por sus cuerpos, y sobre cómo vivir. 

Estamos seguras que NO se logrará reducir la morbi-mortalidad materna sin acceso a servicios de aborto legal, seguro, gratuito y de calidad. No podemos hablar de Estados democráticos sin el respecto de los derechos humanos de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres en todas sus dimensiones y considerando su universalidad e indivisibilidad. No podemos seguir tolerando discursos de Estados que se dicen protectores de derechos humanos mientras ignoran esta realidad y que no dan frente a la situación.

 ¡HOY ES TIEMPO DE ACTUAR Y DE SER COHERENTES!

Las organizaciones firmantes llamamos a los Estados reunidos en Montevideo en el marco de la  I Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo para América Latina y el Caribe a que se comprometan a:

1. Priorizar este tema en los acuerdos derivados de la Conferencia Regional, en cumplimiento de sus compromisos internacionales adquiridos previamente, tanto en Conferencias como en los tratados internacionales de derechos humanos y en consonancia con los estándares internacionales
2. Cumplir sin dilación alguna las recomendaciones hechas a los países de la región por los Comités de monitoreo de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano en esta materia.
3. Despenalizar el aborto, eliminar las barreras legales y de implementación para garantizar el acceso a los servicios integrales de interrupción segura, gratuita y de calidad del embarazo, libre de requisitos de tutela o consentimiento marital o parental.
4. Poner en libertad inmediata y cesar la criminalización de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, debidas a la penalización del aborto, en especial en aquellos países donde la prohibición es absoluta.
5. Brindar información de calidad, fidedigna y basada en criterios científicos sobre este tema a toda la población, sin discriminación alguna.
6. Eliminar las barreras socio-culturales que refuerzan estereotipos de género con respecto a la maternidad y que estigmatizan a las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, impidiéndoles tomar decisiones libres e informadas sobre su sexualidad y su propio cuerpo. Garantizar, además, una educación integral para la sexualidad.
7. Garantizar el acceso a métodos de anticoncepción, incluida la de emergencia, de calidad, variados, amigables, de acuerdo a las necesidades de las adolescentes, jóvenes y mujeres, y garantizando la confidencialidad
8. Cesar el hostigamiento, la criminalización y las agresiones dirigidas a las redes, organizaciones civiles, feministas y a las defensoras de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Garantizar la seguridad e integridad de las defensoras amenazadas por mecanismos represivos del Estado o por grupos civiles portadores del odio y el fundamentalismo.

¡ABORTO LEGAL Y SEGURO, UN ASUNTO DE DERECHOS, UN ASUNTO DE DEMOCRACIA!

¡ABORTO ILEGAL, VIOLENCIA ESTATAL!

Redes y Organizaciones Firmantes:

• Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe
• Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (RMMDR)
• Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC)
• Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
• Campaña por la Convención de los Derechos sexuales y los derechos reproductivos
• Red Latinoamericana y Caribeña de jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos/REDLAC
• Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, El salvador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, España)
• Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora
• Articulación Feminista Marcosur
• Foro de Salud y Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (Chile)
• Red de Mujeres Jóvenes por la Elección y el Placer
• Coalición Salvadoreña  de Mujeres Rumbo a Cairo + 20
• Concertación Feminista
• Plataforma Juvenil Salvadoreña por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
• Colectiva Mujer y Salud ( República Dominicana)
• Cotidiano Mujer ( Uruguay)
• Colectiva de Mujeres jóvenes Teclenas MEZTLI
• La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (Colombia)
• Red Nacional de Mujeres de Colombia
• Ipas México
• Mujer y Salud (MYSU) (Uruguay)
• Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (México)
• Pacto Nacional por la Vida, Libertad y Derechos de las Mujeres (México)
• Punto Focal Campaña 28 de Septiembre (Guatemala)
• INADE Joven (Guatemala)
• Coordinadora Política Juvenil por la Equidad de Género CPY-EC
• Colectiva Salud Mujeres (Ecuador)
• Jóvenes Ecuador Rumbo a Cairo +20
• Feministas en Resistencia (Honduras)
• Red Nacional de Defensoras (Honduras)
• Círculo de Estudios Feminista (Honduras)
• Articulacao de Mulhere Brasileiras (Brasil)
• Red nacional feminista de Saude, Direitos Sexuais e Reprodutivos (Brasil)
• Movimiento por una Cultura Laica (MCL) (EL Salvador)
• Mujeres por la Asamblea Constituyente (Chile)
• Observatorio de Equidad de Género en Salud (Chile)
• Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y  Eugenésico (El Salvador)
• Alianza por la Salud Sexual y Reproductiva en El Salvador (ASSR)
• Organización de mujeres Salvadoreñas por la paz (ORMUSA) (El Salvador)
• Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP)
• Frente Ecuatoriano por los Derechos Sexuales y Reproductivos
• Centro de Estudios de Género de la Universidad del Salvador (CEG-UIES)
• Concertación Feminista “Prudencia Ayala” (El Salvador)
• Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (El Salvador)
• Taller de Salud (Puerto Rico)
• Consorcio para el Diálogo Parlamentario (México)
• Central Sindical Única (PIT-CNT) (Uruguay)
• Centro de Documentaciòn de Estudios (CDE) (Paraguay)
• Tierra Viva (Guatemala)
• BECA (Paraguay)

Avances y desafíos sobre la Justicia Tributaria y la Justicia Social en Uruguay

PANEL

Avances y desafíos sobre la Justicia Tributaria y la Justicia Social en Uruguay

Realizado en el marco de la Segunda Consulta Regional sobre Justicia Económica, Ecológica y de Género en América Latina.

Viernes 16 de Agosto de 2013, de 11:00 a 13:00 hs. Sala Colmena - Corporación Nacional para el Desarrollo

Rincón 528 (entre Ituzaingó y Treinta y Tres) – Montevideo 

Ofertas laborales estudiantes universitario

1.- URY/4711 Propuesta Part-time - Estudiantes Universitarios 
Nuestra búsqueda se orienta a jóvenes con formación terciaria/universitaria en curso (excluyente). Los candidatos deberán contar con conocimientos básicos de informática y serán valorados los conocimientos intermedios del idioma portugués en lectura. Será valorada la experiencia laboral formal previa no menor a seis meses, o de lo contrario se deberá presentar escolaridad universitaria adjunta con el CV. Quienes se desempeñen como Representantes de Políticas y Reglas serán responsables de realizar el ..... (continúa)
Localidad: Montevideo - Montevideo
Fecha: 12 de agosto de 2013
Más detalles en: http://www.uy.computrabajo.com/bt-ofrd-manpower-2208732.htm [pulse aquí ...]

2.- Promotora Vier-Sab-Dom (Prod de limpieza) (fijo)
Estamos seleccionando: Promoasesoras en Supermercado para una marca líder en artículos de limpieza y productos para el hogar. Tiene como función principal asesor con la finalidad de vender los productos. Las tareas se realizarán los días viernes y Sábados de 15 a 21 horas y Domingos de 11 a 17 horas (d forma efectiva) Ademas quincenalmente tienen reunion los dias viernes a partir de las 11 hs. Dentro de sus tareas tambien se contempla la realización de informes semanales. Sexo: Chicas de 30 a 38 años ..... (continúa)
Localidad: Montevideo - Montevideo
Fecha: 12 de agosto de 2013
Más detalles en: http://www.uy.computrabajo.com/bt-ofrd-ellauri-192996.htm [pulse aquí ...]

3.- Promotora Vendedora
La persona deberá ser simpática, con una sonrisa natural, buena presencia,facilidad de palabra. El horario es part time o a definir. Visitará clientes futuros definidos. Se ofrece sueldo base acorde a las horas y muy buena comisión.Se valora licencia de conducir.
Localidad: La Comercial - Montevideo
Fecha: 12 de agosto de 2013
Más detalles en: http://www.uy.computrabajo.com/bt-ofrd-datos-0.htm [pulse aquí ...]

comunicado de prensa de High-Level Task Force for ICPD Salud y derechos sexuales y reproductivos

Divulgamos comunicado de prensa de High-Level Task Force for ICPD 

Salud y derechos sexuales y reproductivos:
Prioridades para la CIPD después de 2014 y la Agenda para el Desarrollo Sostenible post 2015

El Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la CIPD exhorta a los Estados participantes en la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo para América Latina y el Caribe a acelerar los esfuerzos tendientes a lograr la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes y la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

(Montevideo, Uruguay. 13 de agosto de 2013) El Grupo de Trabajo de Alto Nivel de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) presentó hoy sus recomendaciones de política en América Latina y el Caribe, apelando a los gobiernos de la región a intensificar la voluntad política y las inversiones para avanzar en el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, los derechos y el empoderamiento de los adolescentes y los jóvenes y la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todos—que son cuestiones de derechos humanos fundamentales y también factores clave para el desarrollo sostenible.

El Grupo de Trabajo realizó este llamado en una conferencia de prensa celebrada en el marco de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Gobierno de Uruguay y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que reúne a autoridades gubernamentales de la región con el fin de evaluar los avances logrados en la aplicación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994 y trazar el camino para la CIPD después de 2014.

El Grupo de Trabajo exhorta a los gobiernos a hacer suyas las siguientes cuatro recomendaciones y los insta a incorporarlas como objetivos y metas específicas tanto en la agenda regional para El Cairo después de 2014 como en la nueva agenda mundial para el desarrollo post 2015:

1. Respetar, proteger y hacer cumplir los derechos sexuales y reproductivos mediante la reforma de leyes, normas y políticas y campañas de educación pública y movilización comunitaria en materia de derechos humanos;
2. Acelerar los esfuerzos por lograr el acceso universal a información, educación y servicios de calidad, integrales e integrados, en materia de salud sexual y reproductiva;
3. Asegurar el acceso universal a la educación integral en sexualidad para todos los jóvenes, dentro y fuera de las escuelas; y
4. Eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas y lograr el acceso universal a servicios fundamentales para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia de género.

Estas recomendaciones de políticas para avanzar en la aplicación de la CIPD en América Latina y el Caribe fueron presentadas por dos miembros del Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la CIPD: Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, y Alessandra Nilo, directora y cofundadora de la ONG brasileña Gestos y secretaria regional de LACCASO (Consejo Latinoamericano y del Caribe de organizaciones no gubernamentales con servicios en VIH/Sida). También participaron de la conferencia de prensa Mirta Marina, Coordinadora del Programa Nacional de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la Nación en Argentina, y Juan Camilo Saldarriaga, miembro de la Asociación Demográfica Costarricense, organización que integra la Federación Internacional de Planificación de la Familia.

[cid:image016.jpg@01CE9859.EE1A10C0]Nilo inició la oratoria dando algunas cifras impactantes. Afirmó que “no lograr el disfrute pleno de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en nuestra región ha tenido consecuencias graves”. Señaló que cada año en América Latina y el Caribe se producen 8.800 muertes maternas por causas en su mayoría evitables; 23 millones de mujeres no pueden evitar embarazos no deseados porque no utilizan métodos anticonceptivos modernos; y se practican 4,2 millones de abortos en condiciones inseguras, que resultan en 1.000 muertes y un millón de hospitalizaciones, con un costo de más de US$ 130 millones para los sistemas de salud de la región. Además, el 36% de las mujeres de la región han sufrido violencia física y/o sexual en algún momento de su vida, la mayoría a manos de sus parejas. Y como en muchas otras regiones del mundo, quienes más sufren la discriminación y padecen las consecuencias más nefastas de la desigualdad y de la desatención de los derechos sexuales y reproductivos son las mujeres y los adolescentes que viven en la pobreza, los migrantes, los afrodescendientes, los pueblos indígenas y las poblaciones rurales.

Reconociendo los avances logrados en la región en la aplicación del programa de la CIPD y el impacto positivo que han tenido en tantas vidas, el Grupo de Trabajo presentó sus recomendaciones de políticas, formuladas sobre la base de una evaluación de las carencias críticas y centrando la atención en los sectores ‘relegados’.

En primer lugar, el Grupo de Trabajo llama a los países de la región y a la comunidad internacional a adoptar leyes y políticas para garantizar el ejercicio universal de los derechos sexuales y reproductivos. Esto incluye poner fin a todas las formas de violencia de género, desde la violencia doméstica y sexual hasta el feminicidio; garantizar que todas las víctimas de violencia de género tengan acceso a la justicia y reciban servicios y apoyos críticos, incluidos servicios de atención post violación para todas las víctimas de agresión sexual; eliminar los obstáculos que impiden el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, como los requisitos de consentimiento parental o conyugal; erradicar el matrimonio precoz y forzado en el plazo de una generación; lograr que los abortos en condiciones inseguras dejen de ser una de las principales causas de muerte de mujeres adultas y adolescentes y ampliar el acceso a servicios de aborto en condiciones seguras; y garantizar la igualdad ante la ley y la no discriminación para todos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Castro condenó enfáticamente la discriminación y la falta de respeto y tolerancia por la diversidad e hizo hincapié en que “todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y merecemos el mismo respeto y trato, sin importar nuestra orientación sexual ni identidad de género”.

Castro y Nilo hablaron sobre los efectos devastadores que tienen para las mujeres las leyes severas que penalizan el aborto en la región y que en algunos países llegan incluso a imponer penas de prisión para las mujeres que se someten a abortos ilegales y que acuden en estado crítico a los servicios de salud para ser atendidas por complicaciones de abortos en condiciones insalubres.

El Grupo de Trabajo llama a la derogación inmediata de leyes que penalizan a mujeres y niñas que se han sometido a abortos ilegales y a que se reforme la legislación a fin de ampliar el acceso a servicios de aborto en condiciones seguras. Nilo señaló que, aun en casos en que el aborto está permitido por ley, para muchísimas mujeres es difícil acceder a servicios de aborto, e incluso a métodos anticonceptivos, debido a una mala distribución geográfica de los proveedores, costos elevados, discriminación y prejuicios de parte de los proveedores de salud. Casi el 60% de los embarazos en América Latina y el Caribe son embarazos no planeados y los abortos en condiciones inseguras son la causa del 12% de las muertes maternas de la región. “Estas son cuestiones de justicia social e igualdad: las mujeres que tienen los medios para pagarlo encuentran la manera de practicarse un aborto en condiciones seguras, mientras que las mujeres y las adolescentes pobres deben recurrir a prácticas que ponen en riesgo su vida,” afirmó Nilo.

Nilo también exhortó a los gobiernos a que cumplieran el compromiso que asumieron en El Cairo y redoblaran los esfuerzos para garantizar lo antes posible el acceso universal a información y servicios de salud sexual y reproductiva que sean de buena calidad y asequibles, respeten los derechos humanos y prioricen a mujeres y jóvenes.

Castro hizo hincapié en el hecho de que el Grupo de Trabajo centra su atención en la necesidad de garantizar que todos los jóvenes y adolescentes de la región ejerzan plenamente sus derechos sexuales y reproductivos, ya que este grupo etario alcanza a los 26 millones de personas y constituye la cohorte de jóvenes más grande de la historia de la región. “Garantizar una educación integral en sexualidad para todos los jóvenes, dentro y fuera del ámbito educativo, es crucial”, señaló Castro y resaltó las consecuencias de no respetar los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, incluido el hecho de que el 20% de los niños nacidos en la región son hijos de madres adolescentes, 250.000 jóvenes viven con el VIH y hasta un 40% de las mujeres jóvenes declara que su primera experiencia sexual fue forzada.

“Una educación sexual realmente integral puede ayudar a nuestra región a combatir el nivel alarmante de embarazos adolescentes, la propagación del VIH y la persistencia de la violencia de género contra las adolescentes y jóvenes de nuestra región,” continuó Castro, agregando que “la educación sexual no corrompe a los jóvenes, sino que los protege, no incrementa la actividad sexual, sino que brinda mayores herramientas para tomar precauciones.”

La argentina Mirta Marina se plegó a las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Alto Nivel y destacó los avances logrados en su país. "La educación sexual integral tiene que ver con un derecho básico de los chicos y las chicas de recibir esta información dentro del sistema escolar", dijo al referirse a uno de los programas pioneros en la región. "Va de la mano de otros derechos como el de poder aprender a cuidarse y a cuidar a los demás", explicó.  "No hay inclusión si no le abrimos la puerta a la desnaturalización de todo tipo de violencia de género, si no apostamos a la equidad entre hombres y mujeres, si no respetamos la diversidad sexual, si no garantizamos protección frente a situaciones de maltrato y abuso, si no hacemos espacio a las emociones y sentimientos", subrayó.

Juan Camilo Saldarriaga, de Costa Rica, recordó que la pobreza afecta al 25% de los jóvenes latinoamericanos y caribeños. Los jóvenes que no encuentran empleo ni acceden a la educación alcanzan la cifra de 20 millones.

Saldarriaga señaló que las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la CIPD “son cruciales para avanzar en derechos humanos y en el empoderamiento de los jóvenes de la región”. Exhortó además a desarrollar políticas que permitan utilizar todo el potencial de cambio que existe en la juventud para lograr un mundo más igualitario y equitativo.

El Grupo de Trabajo trasmitió un claro mensaje a los gobernantes de América Latina y el Caribe: A casi 20 años de la Conferencia de El Cairo y a poco de acabarse el plazo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, urge actuar. Es necesario que los gobiernos y los socios de cooperación internacional canalicen su voluntad política y destinen recursos no sólo a cumplir los compromisos asumidos hace años sino a ir más allá para garantizar realmente el disfrute y ejercicio de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todos, en particular de las comunidades pobres, las mujeres y las niñas adolescentes y los jóvenes. Estas inversiones no sólo son esenciales para el ejercicio pleno de los derechos humanos, sino que conduce a logros importantes en los demás objetivos prioritarios de desarrollo regional y mundial.

La posición completa del Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la CIPD está disponible en varios idiomas y puede consultarse, junto con más información sobre sus miembros, en el sitio web del grupo: www.icpdtaskforce.org<http://www.icpdtaskforce.org/>, y en Facebook.com/icpdtaskforce <http://www.facebook.com/icpdtaskforce>  y Twitter: @ ICPDTaskForce.

Para obtener más información sobre la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo para América Latina y el Caribe visite: www.cepal.org<http://www.cepal.org/>

Contacto con los medios:
En Uruguay: eventos@ipslatam.net<mailto:eventos@ipslatam.net>; Camilo Rousserie: (+598) 99 104076;
María Esquenasi: (+598) 99 633914
En Nueva York: Geoffrey Knox:  gknox@geoffreyknox.com<mailto:gknox@geoffreyknox.com>;1 212.229.0540

Fotos de David Puig Fotografía


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Sarah Green
Senior Program Officer and Researcher
Secretariat, High-Level Task Force for ICPD
New York City, USA
(001) 212.214.0292
[cid:image013.gif@01CE9859.CCC92A50]
Website: icpdtaskforce.org<http://www.icpdtaskforce.org/>
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Twitter: @icpdtaskforce<https://twitter.com/icpdtaskforce>

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Sara García

"Mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de lxs que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todxs".

R.D.

La situación de las mujeres en el sector del Trabajo Doméstico en Uruguay, 2012

En el marco del Día de las Trabajadoras Domésticas, el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social tiene el agrado de invitar a la presentación del Documento:

La situación de las mujeres en el sector del Trabajo Doméstico en Uruguay, 2012.

Elaborado por la Unidad de Evaluación y Monitoreo de las Relaciones Laborales y Empleo (OMT) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Sistema de Información de Género del Instituto Nacional de las Mujeres, en base a datos de la Encuesta Continua de Hogares 2012 realizada por el Instituto Nacional de Estadística, así como por datos aportados por el Banco de Previsión Social.

Día: Lunes 19 de agosto
Hora: 18:00
Lugar: Ministerio de Desarrollo Social. 7mo Piso. Sala Principal