Divulgamos comunicado de prensa de High-Level Task Force for ICPD
Salud y derechos sexuales y reproductivos:
Prioridades para la CIPD después de 2014 y la Agenda para el Desarrollo Sostenible post 2015
El Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la CIPD exhorta a los Estados participantes en la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo para América Latina y el Caribe a acelerar los esfuerzos tendientes a lograr la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes y la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
(Montevideo, Uruguay. 13 de agosto de 2013) El Grupo de Trabajo de Alto Nivel de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) presentó hoy sus recomendaciones de política en América Latina y el Caribe, apelando a los gobiernos de la región a intensificar la voluntad política y las inversiones para avanzar en el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, los derechos y el empoderamiento de los adolescentes y los jóvenes y la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todos—que son cuestiones de derechos humanos fundamentales y también factores clave para el desarrollo sostenible.
El Grupo de Trabajo realizó este llamado en una conferencia de prensa celebrada en el marco de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Gobierno de Uruguay y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que reúne a autoridades gubernamentales de la región con el fin de evaluar los avances logrados en la aplicación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994 y trazar el camino para la CIPD después de 2014.
El Grupo de Trabajo exhorta a los gobiernos a hacer suyas las siguientes cuatro recomendaciones y los insta a incorporarlas como objetivos y metas específicas tanto en la agenda regional para El Cairo después de 2014 como en la nueva agenda mundial para el desarrollo post 2015:
1. Respetar, proteger y hacer cumplir los derechos sexuales y reproductivos mediante la reforma de leyes, normas y políticas y campañas de educación pública y movilización comunitaria en materia de derechos humanos;
2. Acelerar los esfuerzos por lograr el acceso universal a información, educación y servicios de calidad, integrales e integrados, en materia de salud sexual y reproductiva;
3. Asegurar el acceso universal a la educación integral en sexualidad para todos los jóvenes, dentro y fuera de las escuelas; y
4. Eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas y lograr el acceso universal a servicios fundamentales para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia de género.
Estas recomendaciones de políticas para avanzar en la aplicación de la CIPD en América Latina y el Caribe fueron presentadas por dos miembros del Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la CIPD: Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, y Alessandra Nilo, directora y cofundadora de la ONG brasileña Gestos y secretaria regional de LACCASO (Consejo Latinoamericano y del Caribe de organizaciones no gubernamentales con servicios en VIH/Sida). También participaron de la conferencia de prensa Mirta Marina, Coordinadora del Programa Nacional de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la Nación en Argentina, y Juan Camilo Saldarriaga, miembro de la Asociación Demográfica Costarricense, organización que integra la Federación Internacional de Planificación de la Familia.
[cid:image016.jpg@01CE9859.EE1A10C0]Nilo inició la oratoria dando algunas cifras impactantes. Afirmó que “no lograr el disfrute pleno de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en nuestra región ha tenido consecuencias graves”. Señaló que cada año en América Latina y el Caribe se producen 8.800 muertes maternas por causas en su mayoría evitables; 23 millones de mujeres no pueden evitar embarazos no deseados porque no utilizan métodos anticonceptivos modernos; y se practican 4,2 millones de abortos en condiciones inseguras, que resultan en 1.000 muertes y un millón de hospitalizaciones, con un costo de más de US$ 130 millones para los sistemas de salud de la región. Además, el 36% de las mujeres de la región han sufrido violencia física y/o sexual en algún momento de su vida, la mayoría a manos de sus parejas. Y como en muchas otras regiones del mundo, quienes más sufren la discriminación y padecen las consecuencias más nefastas de la desigualdad y de la desatención de los derechos sexuales y reproductivos son las mujeres y los adolescentes que viven en la pobreza, los migrantes, los afrodescendientes, los pueblos indígenas y las poblaciones rurales.
Reconociendo los avances logrados en la región en la aplicación del programa de la CIPD y el impacto positivo que han tenido en tantas vidas, el Grupo de Trabajo presentó sus recomendaciones de políticas, formuladas sobre la base de una evaluación de las carencias críticas y centrando la atención en los sectores ‘relegados’.
En primer lugar, el Grupo de Trabajo llama a los países de la región y a la comunidad internacional a adoptar leyes y políticas para garantizar el ejercicio universal de los derechos sexuales y reproductivos. Esto incluye poner fin a todas las formas de violencia de género, desde la violencia doméstica y sexual hasta el feminicidio; garantizar que todas las víctimas de violencia de género tengan acceso a la justicia y reciban servicios y apoyos críticos, incluidos servicios de atención post violación para todas las víctimas de agresión sexual; eliminar los obstáculos que impiden el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, como los requisitos de consentimiento parental o conyugal; erradicar el matrimonio precoz y forzado en el plazo de una generación; lograr que los abortos en condiciones inseguras dejen de ser una de las principales causas de muerte de mujeres adultas y adolescentes y ampliar el acceso a servicios de aborto en condiciones seguras; y garantizar la igualdad ante la ley y la no discriminación para todos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Castro condenó enfáticamente la discriminación y la falta de respeto y tolerancia por la diversidad e hizo hincapié en que “todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y merecemos el mismo respeto y trato, sin importar nuestra orientación sexual ni identidad de género”.
Castro y Nilo hablaron sobre los efectos devastadores que tienen para las mujeres las leyes severas que penalizan el aborto en la región y que en algunos países llegan incluso a imponer penas de prisión para las mujeres que se someten a abortos ilegales y que acuden en estado crítico a los servicios de salud para ser atendidas por complicaciones de abortos en condiciones insalubres.
El Grupo de Trabajo llama a la derogación inmediata de leyes que penalizan a mujeres y niñas que se han sometido a abortos ilegales y a que se reforme la legislación a fin de ampliar el acceso a servicios de aborto en condiciones seguras. Nilo señaló que, aun en casos en que el aborto está permitido por ley, para muchísimas mujeres es difícil acceder a servicios de aborto, e incluso a métodos anticonceptivos, debido a una mala distribución geográfica de los proveedores, costos elevados, discriminación y prejuicios de parte de los proveedores de salud. Casi el 60% de los embarazos en América Latina y el Caribe son embarazos no planeados y los abortos en condiciones inseguras son la causa del 12% de las muertes maternas de la región. “Estas son cuestiones de justicia social e igualdad: las mujeres que tienen los medios para pagarlo encuentran la manera de practicarse un aborto en condiciones seguras, mientras que las mujeres y las adolescentes pobres deben recurrir a prácticas que ponen en riesgo su vida,” afirmó Nilo.
Nilo también exhortó a los gobiernos a que cumplieran el compromiso que asumieron en El Cairo y redoblaran los esfuerzos para garantizar lo antes posible el acceso universal a información y servicios de salud sexual y reproductiva que sean de buena calidad y asequibles, respeten los derechos humanos y prioricen a mujeres y jóvenes.
Castro hizo hincapié en el hecho de que el Grupo de Trabajo centra su atención en la necesidad de garantizar que todos los jóvenes y adolescentes de la región ejerzan plenamente sus derechos sexuales y reproductivos, ya que este grupo etario alcanza a los 26 millones de personas y constituye la cohorte de jóvenes más grande de la historia de la región. “Garantizar una educación integral en sexualidad para todos los jóvenes, dentro y fuera del ámbito educativo, es crucial”, señaló Castro y resaltó las consecuencias de no respetar los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, incluido el hecho de que el 20% de los niños nacidos en la región son hijos de madres adolescentes, 250.000 jóvenes viven con el VIH y hasta un 40% de las mujeres jóvenes declara que su primera experiencia sexual fue forzada.
“Una educación sexual realmente integral puede ayudar a nuestra región a combatir el nivel alarmante de embarazos adolescentes, la propagación del VIH y la persistencia de la violencia de género contra las adolescentes y jóvenes de nuestra región,” continuó Castro, agregando que “la educación sexual no corrompe a los jóvenes, sino que los protege, no incrementa la actividad sexual, sino que brinda mayores herramientas para tomar precauciones.”
Prioridades para la CIPD después de 2014 y la Agenda para el Desarrollo Sostenible post 2015
El Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la CIPD exhorta a los Estados participantes en la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo para América Latina y el Caribe a acelerar los esfuerzos tendientes a lograr la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes y la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
(Montevideo, Uruguay. 13 de agosto de 2013) El Grupo de Trabajo de Alto Nivel de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) presentó hoy sus recomendaciones de política en América Latina y el Caribe, apelando a los gobiernos de la región a intensificar la voluntad política y las inversiones para avanzar en el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, los derechos y el empoderamiento de los adolescentes y los jóvenes y la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todos—que son cuestiones de derechos humanos fundamentales y también factores clave para el desarrollo sostenible.
El Grupo de Trabajo realizó este llamado en una conferencia de prensa celebrada en el marco de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Gobierno de Uruguay y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que reúne a autoridades gubernamentales de la región con el fin de evaluar los avances logrados en la aplicación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994 y trazar el camino para la CIPD después de 2014.
El Grupo de Trabajo exhorta a los gobiernos a hacer suyas las siguientes cuatro recomendaciones y los insta a incorporarlas como objetivos y metas específicas tanto en la agenda regional para El Cairo después de 2014 como en la nueva agenda mundial para el desarrollo post 2015:
1. Respetar, proteger y hacer cumplir los derechos sexuales y reproductivos mediante la reforma de leyes, normas y políticas y campañas de educación pública y movilización comunitaria en materia de derechos humanos;
2. Acelerar los esfuerzos por lograr el acceso universal a información, educación y servicios de calidad, integrales e integrados, en materia de salud sexual y reproductiva;
3. Asegurar el acceso universal a la educación integral en sexualidad para todos los jóvenes, dentro y fuera de las escuelas; y
4. Eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas y lograr el acceso universal a servicios fundamentales para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia de género.
Estas recomendaciones de políticas para avanzar en la aplicación de la CIPD en América Latina y el Caribe fueron presentadas por dos miembros del Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la CIPD: Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, y Alessandra Nilo, directora y cofundadora de la ONG brasileña Gestos y secretaria regional de LACCASO (Consejo Latinoamericano y del Caribe de organizaciones no gubernamentales con servicios en VIH/Sida). También participaron de la conferencia de prensa Mirta Marina, Coordinadora del Programa Nacional de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la Nación en Argentina, y Juan Camilo Saldarriaga, miembro de la Asociación Demográfica Costarricense, organización que integra la Federación Internacional de Planificación de la Familia.
[cid:image016.jpg@01CE9859.
Reconociendo los avances logrados en la región en la aplicación del programa de la CIPD y el impacto positivo que han tenido en tantas vidas, el Grupo de Trabajo presentó sus recomendaciones de políticas, formuladas sobre la base de una evaluación de las carencias críticas y centrando la atención en los sectores ‘relegados’.
En primer lugar, el Grupo de Trabajo llama a los países de la región y a la comunidad internacional a adoptar leyes y políticas para garantizar el ejercicio universal de los derechos sexuales y reproductivos. Esto incluye poner fin a todas las formas de violencia de género, desde la violencia doméstica y sexual hasta el feminicidio; garantizar que todas las víctimas de violencia de género tengan acceso a la justicia y reciban servicios y apoyos críticos, incluidos servicios de atención post violación para todas las víctimas de agresión sexual; eliminar los obstáculos que impiden el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, como los requisitos de consentimiento parental o conyugal; erradicar el matrimonio precoz y forzado en el plazo de una generación; lograr que los abortos en condiciones inseguras dejen de ser una de las principales causas de muerte de mujeres adultas y adolescentes y ampliar el acceso a servicios de aborto en condiciones seguras; y garantizar la igualdad ante la ley y la no discriminación para todos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Castro condenó enfáticamente la discriminación y la falta de respeto y tolerancia por la diversidad e hizo hincapié en que “todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y merecemos el mismo respeto y trato, sin importar nuestra orientación sexual ni identidad de género”.
Castro y Nilo hablaron sobre los efectos devastadores que tienen para las mujeres las leyes severas que penalizan el aborto en la región y que en algunos países llegan incluso a imponer penas de prisión para las mujeres que se someten a abortos ilegales y que acuden en estado crítico a los servicios de salud para ser atendidas por complicaciones de abortos en condiciones insalubres.
El Grupo de Trabajo llama a la derogación inmediata de leyes que penalizan a mujeres y niñas que se han sometido a abortos ilegales y a que se reforme la legislación a fin de ampliar el acceso a servicios de aborto en condiciones seguras. Nilo señaló que, aun en casos en que el aborto está permitido por ley, para muchísimas mujeres es difícil acceder a servicios de aborto, e incluso a métodos anticonceptivos, debido a una mala distribución geográfica de los proveedores, costos elevados, discriminación y prejuicios de parte de los proveedores de salud. Casi el 60% de los embarazos en América Latina y el Caribe son embarazos no planeados y los abortos en condiciones inseguras son la causa del 12% de las muertes maternas de la región. “Estas son cuestiones de justicia social e igualdad: las mujeres que tienen los medios para pagarlo encuentran la manera de practicarse un aborto en condiciones seguras, mientras que las mujeres y las adolescentes pobres deben recurrir a prácticas que ponen en riesgo su vida,” afirmó Nilo.
Nilo también exhortó a los gobiernos a que cumplieran el compromiso que asumieron en El Cairo y redoblaran los esfuerzos para garantizar lo antes posible el acceso universal a información y servicios de salud sexual y reproductiva que sean de buena calidad y asequibles, respeten los derechos humanos y prioricen a mujeres y jóvenes.
Castro hizo hincapié en el hecho de que el Grupo de Trabajo centra su atención en la necesidad de garantizar que todos los jóvenes y adolescentes de la región ejerzan plenamente sus derechos sexuales y reproductivos, ya que este grupo etario alcanza a los 26 millones de personas y constituye la cohorte de jóvenes más grande de la historia de la región. “Garantizar una educación integral en sexualidad para todos los jóvenes, dentro y fuera del ámbito educativo, es crucial”, señaló Castro y resaltó las consecuencias de no respetar los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, incluido el hecho de que el 20% de los niños nacidos en la región son hijos de madres adolescentes, 250.000 jóvenes viven con el VIH y hasta un 40% de las mujeres jóvenes declara que su primera experiencia sexual fue forzada.
“Una educación sexual realmente integral puede ayudar a nuestra región a combatir el nivel alarmante de embarazos adolescentes, la propagación del VIH y la persistencia de la violencia de género contra las adolescentes y jóvenes de nuestra región,” continuó Castro, agregando que “la educación sexual no corrompe a los jóvenes, sino que los protege, no incrementa la actividad sexual, sino que brinda mayores herramientas para tomar precauciones.”
La argentina Mirta Marina se plegó a las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Alto Nivel y destacó los avances logrados en su país. "La educación sexual integral tiene que ver con un derecho básico de los chicos y las chicas de recibir esta información dentro del sistema escolar", dijo al referirse a uno de los programas pioneros en la región. "Va de la mano de otros derechos como el de poder aprender a cuidarse y a cuidar a los demás", explicó. "No hay inclusión si no le abrimos la puerta a la desnaturalización de todo tipo de violencia de género, si no apostamos a la equidad entre hombres y mujeres, si no respetamos la diversidad sexual, si no garantizamos protección frente a situaciones de maltrato y abuso, si no hacemos espacio a las emociones y sentimientos", subrayó.
Juan Camilo Saldarriaga, de Costa Rica, recordó que la pobreza afecta al 25% de los jóvenes latinoamericanos y caribeños. Los jóvenes que no encuentran empleo ni acceden a la educación alcanzan la cifra de 20 millones.
Saldarriaga señaló que las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la CIPD “son cruciales para avanzar en derechos humanos y en el empoderamiento de los jóvenes de la región”. Exhortó además a desarrollar políticas que permitan utilizar todo el potencial de cambio que existe en la juventud para lograr un mundo más igualitario y equitativo.
El Grupo de Trabajo trasmitió un claro mensaje a los gobernantes de América Latina y el Caribe: A casi 20 años de la Conferencia de El Cairo y a poco de acabarse el plazo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, urge actuar. Es necesario que los gobiernos y los socios de cooperación internacional canalicen su voluntad política y destinen recursos no sólo a cumplir los compromisos asumidos hace años sino a ir más allá para garantizar realmente el disfrute y ejercicio de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todos, en particular de las comunidades pobres, las mujeres y las niñas adolescentes y los jóvenes. Estas inversiones no sólo son esenciales para el ejercicio pleno de los derechos humanos, sino que conduce a logros importantes en los demás objetivos prioritarios de desarrollo regional y mundial.
La posición completa del Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la CIPD está disponible en varios idiomas y puede consultarse, junto con más información sobre sus miembros, en el sitio web del grupo: www.icpdtaskforce.org<http://www.icpdtaskforce.org/ >, y en Facebook.com/icpdtaskforce <http://www.facebook.com/icpdtaskforce > y Twitter: @ ICPDTaskForce.
Para obtener más información sobre la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo para América Latina y el Caribe visite: www.cepal.org<http://www.cepal.org/ >
Contacto con los medios:
En Uruguay: eventos@ipslatam.net<mailto:eventos@ipslatam.net >; Camilo Rousserie: (+598) 99 104076;
María Esquenasi: (+598) 99 633914
En Nueva York: Geoffrey Knox: gknox@geoffreyknox.com<mailto:gknox@geoffreyknox.com>;1 212.229.0540
Fotos de David Puig Fotografía
********************************
Sarah Green
Senior Program Officer and Researcher
Secretariat, High-Level Task Force for ICPD
New York City, USA
(001) 212.214.0292
[cid:image013.gif@01CE9859.CCC92A50]
Website: icpdtaskforce.org<http://www.icpdtaskforce.org/ >
Facebook: facebook.com/icpdtaskforce<https://www.facebook.com/icpdtaskforce >
Twitter: @icpdtaskforce<https://twitter.com/icpdtaskforce >
Juan Camilo Saldarriaga, de Costa Rica, recordó que la pobreza afecta al 25% de los jóvenes latinoamericanos y caribeños. Los jóvenes que no encuentran empleo ni acceden a la educación alcanzan la cifra de 20 millones.
Saldarriaga señaló que las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la CIPD “son cruciales para avanzar en derechos humanos y en el empoderamiento de los jóvenes de la región”. Exhortó además a desarrollar políticas que permitan utilizar todo el potencial de cambio que existe en la juventud para lograr un mundo más igualitario y equitativo.
El Grupo de Trabajo trasmitió un claro mensaje a los gobernantes de América Latina y el Caribe: A casi 20 años de la Conferencia de El Cairo y a poco de acabarse el plazo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, urge actuar. Es necesario que los gobiernos y los socios de cooperación internacional canalicen su voluntad política y destinen recursos no sólo a cumplir los compromisos asumidos hace años sino a ir más allá para garantizar realmente el disfrute y ejercicio de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todos, en particular de las comunidades pobres, las mujeres y las niñas adolescentes y los jóvenes. Estas inversiones no sólo son esenciales para el ejercicio pleno de los derechos humanos, sino que conduce a logros importantes en los demás objetivos prioritarios de desarrollo regional y mundial.
La posición completa del Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la CIPD está disponible en varios idiomas y puede consultarse, junto con más información sobre sus miembros, en el sitio web del grupo: www.icpdtaskforce.org<http://
Para obtener más información sobre la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo para América Latina y el Caribe visite: www.cepal.org<http://www.
Contacto con los medios:
En Uruguay: eventos@ipslatam.net<mailto:ev
María Esquenasi: (+598) 99 633914
En Nueva York: Geoffrey Knox: gknox@geoffreyknox.com<
Fotos de David Puig Fotografía
******************************
Sarah Green
Senior Program Officer and Researcher
Secretariat, High-Level Task Force for ICPD
New York City, USA
(001) 212.214.0292
[cid:image013.gif@01CE9859.
Website: icpdtaskforce.org<http://www.
Facebook: facebook.com/icpdtaskforce<htt
Twitter: @icpdtaskforce<https://
Sara García
"Mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de lxs que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todxs".
R.D.
No hay comentarios:
Publicar un comentario