URUGUAY: DIPUTADOS DEBEN ASEGURAR QUE CUALQUIER NORMATIVA QUE REGULE EL ABORTO RESPETE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
(Montevideo, el 18 de septiembre de 2012) Los diputados deben revisar el proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay, dijo hoy Amnistía Internacional. El proyecto pretende despenalizar el aborto, pero contiene trabas que discriminan el acceso a una intervención legal y segura. Actualmente, el aborto está penalizado excepto cuando se efectúa por causas graves de salud, para salvar la vida a la mujer embarazada, o si el embarazo es fruto de una violación. Se estima que se producen unos 30.000 abortos anuales en Uruguay, la mayoría en absoluta clandestinidad y por lo tanto en condiciones inseguras.
El pasado 10 de septiembre una comisión especial de la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó un proyecto de ley que regula el acceso al aborto durante las primeras 12 semanas del embarazo. Este mismo proyecto se debatirá en el pleno de la Cámara el día 25 de septiembre.
“El proyecto que va a debatirse en la Cámara de Diputados, lejos de despenalizar el aborto continúa estigmatizando y hostigando a las mujeres que lo necesitan, violando sus derechos,” dijo Mariana Labastie, directora de Amnistía Internacional Uruguay. “La obligación del Estado es garantizar a las mujeres el acceso a la salud y a intervenciones medicas seguras.”
El proyecto aprobado por la comisión especial establece varios requisitos para que las mujeres, adolescentes o niñas embarazadas accedan a una intervención, incluyendo la obligación de someter su decisión a la evaluación de un grupo interdisciplinario. Además las mujeres deberán esperar un mínimo de 5 días entre la entrevista y la potencial intervención, e incluso consultar al progenitor. Este tipo de requisitos han sido, en otras ocasiones, denunciados por los comités de derechos humanos de Naciones Unidas como discriminatorios y en contra de los derechos a la vida y la salud de las mujeres.
El proyecto aprobado por la comisión especial establece varios requisitos para que las mujeres, adolescentes o niñas embarazadas accedan a una intervención, incluyendo la obligación de someter su decisión a la evaluación de un grupo interdisciplinario. Además las mujeres deberán esperar un mínimo de 5 días entre la entrevista y la potencial intervención, e incluso consultar al progenitor. Este tipo de requisitos han sido, en otras ocasiones, denunciados por los comités de derechos humanos de Naciones Unidas como discriminatorios y en contra de los derechos a la vida y la salud de las mujeres.
“Los expertos en derechos humanos de Naciones Unidas lo han repetido varias veces y con claridad: la que sabe si necesita interrumpir su embarazo es la mujer,” dijo Labastie. “Que las mujeres tengan que ratificar constantemente su decisión, es tratarlas como si no fueran capaces de decidir responsablemente sobre su vida y su salud, esto no solamente es falta de respeto, es discriminatorio.”
Con respecto a las mujeres víctimas de violencia sexual que han quedado embarazadas la ley debe garantizar acceso a servicios de interrupción de embarazos legales y seguros sin obstáculos innecesarios. “No es justificable que se requieran denuncias judiciales o intervenciones forenses para acceder a un aborto seguro en caso de violación. Esto puede acarrear demoras inaceptables a la hora de decidir sobre la práctica de un aborto”.
Uruguay tiene obligación, bajo el derecho internacional de los derechos humanos, a despenalizar plenamente el aborto y a respetar los derechos a la salud, la vida, la no-discriminación, y la privacidad de las mujeres. Para que el proyecto cumpla con estas obligaciones, Amnistía Internacional Uruguay insta a los diputados y a las diputadas a que aprueben un proyecto de ley que tenga en cuenta lo siguiente:
- Despenalice el aborto en todas las circunstancias sin requisitos ni obstáculos tal y como lo establecen las normas y estándares internacionales
- No imponga restricciones injustificadas, sean jurídicas o de otra índole, que impidan a las mujeres y niñas acceder y utilizar los servicios de salud reproductiva –incluido un aborto- en pie de igualdad y que no condicione el acceso a los servicios para la interrupción del embarazo al consentimiento de la pareja o progenitor.
- Si bien el Estado tiene un interés legítimo en la regulación de la profesión médica y de la provisión de servicios de salud, esta regulación debe estar conforme con los derechos humanos.
- Garantice que no se prioricen los intereses y opiniones de los médicos, profesionales, terceros, ni instituciones por sobre el interés y opinión de una mujer.
- Para las mujeres adolescentes, el Estado además, tiene que garantizar el interés superior de la niña y el derecho de la menor a que se le escuche en relación a sus derechos sexuales y reproductivos.
FIN/
- No imponga restricciones injustificadas, sean jurídicas o de otra índole, que impidan a las mujeres y niñas acceder y utilizar los servicios de salud reproductiva –incluido un aborto- en pie de igualdad y que no condicione el acceso a los servicios para la interrupción del embarazo al consentimiento de la pareja o progenitor.
- Si bien el Estado tiene un interés legítimo en la regulación de la profesión médica y de la provisión de servicios de salud, esta regulación debe estar conforme con los derechos humanos.
- Garantice que no se prioricen los intereses y opiniones de los médicos, profesionales, terceros, ni instituciones por sobre el interés y opinión de una mujer.
- Para las mujeres adolescentes, el Estado además, tiene que garantizar el interés superior de la niña y el derecho de la menor a que se le escuche en relación a sus derechos sexuales y reproductivos.
FIN/
Nota para periodistas:Comunicado de prensa emitido por Amnistía Internacional Uruguay.
La Directora de AI Uruguay, Mariana Labastie está disponible para entrevistas al (598) 29007939
La Directora de AI Uruguay, Mariana Labastie está disponible para entrevistas al (598) 29007939
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